Más allá de la informalidad del MPA
El último día de marzo del 2014 se determinó el nacimiento del Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa (IMPLA), ante la desaprobación de los planes urbanos encargados a la empresa española por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), en cuestionado contrato. Fue creado en julio, debiendo entrar en funciones al día siguiente de la publicación y entregar revisados el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) en 60 días. Sin embargo, se instaló al año de creado y al mes (mayo) de nombrado su gerente. En agosto se inició la revisión de los planes cuestionados y, a tres meses de cumplirse dos años de su anuncio, se aprobó su Estatuto el pasado lunes 4. El jueves 14 se entregó el PDM para su aprobación por el pleno del Concejo, quedando el PAT pendiente 30 días más.
Dejando de lado esta muestra de informalidad en la MPA, el presidente del IMPLA, Luis Alemán, su gerente Francisco Ampuero, el representante de la universidades Hugo Muelle, y el equipo técnico conformado por Carlos Zevallos, Manuel Málaga, Gustavo Delgado, Sonia Anglade y Milagros Monrroe, todos arquitectos y urbanistas, incluyendo a tres juniors, han cumplido con un encargo que pone en manos de las autoridades la normativa para impedir que se siga depredando la campiña y se invadan terrenos eriazos. En otras palabras, el gobierno local ya dispone de un instrumento para regir el crecimiento ordenado de la ciudad, respetando la intangibilidad de las áreas agrícolas, así como evitando intromisiones de otros organismos que han “legalizado” asentamientos no autorizados al dotarlos de servicios. Además, y no considerado en los planes a revisarse, se contemplan nuevas vías e intercambios.
Justamente, al haberse normado sobre lo dicho y más allá de lo presentado por GR Consultores para su modificación, como es una nueva Vía Expresa, la fiscal Carolina Cáceres de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales advirtió que denunciaría al IMPLA y al MPA por el delito de otorgamiento ilegal de derechos si el pleno aprobaba el PDM, pues no puede aprobarse sin que se haya publicado en la página web del municipio durante 30 días y realizado una audiencia pública. “Para la Fiscalía esto sería ilegal porque no se respetaron los plazos. El Impla solo contaba con 60 días para absolver estas observaciones, sin embargo, pasó más de un año y medio.” También “señala que el PDM pretende incorporar al área de expansión urbana zonas que son objeto de investigación por parte del despacho por el delito de utilización indebida de tierras agrícolas… se pretende incorporar estas zonas y luego multar a los culpables, pero legalmente no es posible, por lo que los delitos quedarían en la impunidad.” A esto hay que agregar que “el regidor de minoría Christian Talavera señaló que se notificó a los regidores sobre la sesión para aprobar el PDM con menos de 24 horas de anticipación. Además, refirió que varios concejales no participaron de talleres antes de aprobar el documento de desarrollo urbano porque no fueron notificados”. Por ello, pedirá la nulidad de la sesión en que se aprobó. (La República, 14/01/16).
Nuevamente y dejando de lado esta otra muestra de informalidad en la MPA -y considerando que pende como una espada de Damocles la advertencia de denuncia de la citada fiscal, la del regidor Talavera y el anuncio de la presentación de una acción de amparo de parte del Colegio de Arquitectos, Regional Arequipa, por no haber participado como institución en la revisión de los planes-, debemos tener presente que se pueden salvar todos los obstáculos y perfeccionar el trabajo presentado, pues sus hacedores han cumplido desde su condición de técnicos y profesionales que públicamente se opusieron a los planes iniciales y motivaron la creación del IMPLA, entidad que hay que sostener para que vigile el cumplimiento de los planes.
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