lunes, 7 de noviembre de 2011

PRONUNCIAMIENTO POR EL DIA DEL URBANISMO

Sociedad de Urbanistas del Perú
Pronunciamiento de la Sociedad de Urbanistas del Perú
por el 8 de Noviembre, Día del Urbanismo 2011

La actual estabilidad económica del país ha generado confianza para atraer más inversionistas pero estos no están obligados a implementar sus proyectos de manera coherente con el desarrollo sostenible de los sistemas urbanos y sus regiones, dado que tienen como objetivo primordial incrementar su renta. Para generar un equilibrio entre el desarrollo de la Sociedad y los intereses privados es que se genera o se fortalece la Ley, o se consiente las normas incluso de manera consuetudinaria. Sin embargo, ocurre que muchas veces los intereses privados, formales e informales, arremeten contra los fines de la Sociedad y se generan escenarios disfuncionales, conflictivos, involutivos, ingobernables, caóticos y hasta destructivos, y cuando esto supera la capacidad de la sociedad de reaccionar entonces podemos decir que los problemas son irresolubles y que necesitamos reaccionar con medidas drásticas. A los cien días de un gobierno que se llama inclusivo la opinión pública aún no conoce las políticas y acciones concretas que nos digan hacia donde irán las ciudades del Perú. La incertidumbre no puede mantenerse.

Aristóteles decía que la ciudad es el lugar donde las personas viven con un fin común. ¿Cuánto hemos perdido desde entonces?, y ¿cuánto seguimos perdiendo por no tener esa visión que nos lleve hacia ese fin común? Urge una visión de país del desarrollo de nuestras ciudades y regiones.

En el Perú solo un 3% de las municipalidades tiene actualizado su Plan de Desarrollo Urbano (PDU). Esta situación genera que las demandas, tanto para cubrir necesidades como para aprovechar oportunidades, no sean identificadas o articuladas de manera que generen dinámicas de desarrollo que revierten de manera natural las condiciones de pobreza. En nuestro país, el planeamiento urbano-regional, o urbanismo, como se le conoce en todo el mundo, no es visto como un instrumento de desarrollo económico sino más que como un instrumento restrictivo de la inversión en general. Esta situación debe cambiar.

Esta ausencia de planificación urbana está generando que el país pierda más de USD 27.955 millones de dólares, donde la metrópoli de Lima genera más pérdidas que las principales 20 ciudades del país o que el resto de centros poblados del país, lo cual asciende a US$ 13.290 millones de dólares anuales. En las principales 20 ciudades del país las pérdidas ascienden a US$ 9.465 millones de anuales, y en el resto de centros poblados las pérdidas llegan a US$ 5.200 millones anuales. Siendo la mayor pérdida económica causada por el incremento de los costos sociales, externalidades y en pérdidas de inversión privada en infraestructuras. No podemos seguir perdiendo tanto dinero.

Ciertamente, Lima es un caso aparte. Las autoridades metropolitanas aún no admiten que la ciudad es una que centraliza la articulación de mercados del Perú entero, y tampoco admiten que sus límites urbanos no son los político–administrativos sino que van más allá, pues debido a la conurbación los límites actuales se extienden por el sur hasta Cañete, por el norte hasta Huacho, por el oeste hasta el Callao y por el este hasta Huarochirí y San Mateo, siendo las decisiones de esta megalópolis dependientes del voluntarismo de dos gobiernos regionales, cuatro provincias y varias decenas de distritos, que tienen todas que ponerse de acuerdo para que las cosas se hagan bien. Otras ciudades importantes del país como Trujillo, Chiclayo, Ica y Arequipa siguen ese mismo camino y no hay vuelta atrás. A casi un año de nuevos “gobiernos” municipales, esta situación de ingobernabilidad no se puede mantener más.

Ya en Francia, por ejemplo, existe la Ley de las Comunidades de Aglomeración, por la cual cuando aparece una conurbación se genera una nueva autoridad –valga la redundancia, de la conurbación- que desplaza a las autoridades de los centros urbanos existentes en funciones de urbanismo, renovación urbana, gestión de infraestructuras, transporte y otros. En el Perú ha fracasado la Ley de las Mancomunidades dado que es un instrumento voluntario que generalmente no asume asuntos estructurales.

Al mismo tiempo, el manejo del territorio y la zonificación urbana se ha convertido en un feudo de intereses reducidos con alto impacto negativo en el ambiente, pues al no existir nuevas zonas de expansión residenciales se incentiva la aparición de nuevas invasiones y al mismo tiempo se promueve un incremento acelerado del valor del suelo en zonas consolidadas de la ciudad, lo cual favorece a los constructores inmobiliarios. En adición aún se mantiene la “zonificación a la carta” que genera edificaciones inmorales e insostenibles.
¿Es que acaso existe algún vínculo entre las autoridades municipales y las empresas inmobiliarias para no generar nuevas zonas de expansión residenciales o para cambiar la zonificación a capricho?

Ante esta situación, la Sociedad de Urbanistas del Perú considera pertinente hacer pública su posición institucional mediante el presente pronunciamiento:

Primero. – Hacemos un llamado de atención a las autoridades para impulsar la planificación de las ciudades y sus regiones de manera que estas articulen eficientemente los mercados, se mantengan la calidad y capacidad de carga ambiental, se conserven los restos históricos y arqueológicos, se creen más espacios públicos y se respete la opinión de los vecinos.

Segundo.- Exhortamos al gobierno nacional a tener una política nacional de urbanismo consensuada, que genere un mayor crecimiento económico con un progresivo ordenamiento de los sistemas urbanos. Urge una visión de país del desarrollo de nuestras ciudades y regiones.

Tercero.- En centros urbanos del país donde la dinámica urbana supera la capacidad de las autoridades municipales, como en las conurbaciones, el desgobierno se incrementa irreversiblemente. Por ello, solicitamos una urgente acción combinada del gobierno central y el Congreso de la República para generar autoridades supramunicipales que puedan tener capacidad de planificar y ejecutar las inversiones del territorio urbano unificado.

Cuarto.- Mientras en otros países debe haber como mínimo un urbanista por cada veinte mil habitantes, en nuestro país, adolecemos de urbanistas. Las políticas y las intervenciones urbanas se ven desintegradas con un objetivo de desarrollo. Pedimos a las universidades, y si es posible, en asocio con las municipalidades, el Estado y las ONG’s impulsar la formación de nuevos urbanistas para que en el país faciliten procesos y propuestas en beneficio de la ciudad.

Quinto.- Solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas y al Instituto Nacional de Estadística e Informática mantener la medición sistemática y actualizada del PBI, lo cual ayudaría especialmente a tener una visión más económica de las ciudades y ayudaría a tomar decisiones pensando en el beneficio económico de las mismas.

Sexto.- Hacemos un llamado de atención a la Fiscalía de la Nación y a la Contraloría General de la República para que investigue la ausencia de la definición de nuevas áreas residenciales, así como los cambios de zonificación arbitrarios en contra de los intereses públicos.

Sociedad de Urbanistas del Perú, 8 de noviembre de 2011

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