Vivienda social y expansión urbana: seis argumentos para el debate

JUNIO 11TH, 2015  JOSÉ BRAKARZ

98

Una cuestión que surge en el debate sobre la expansión de las “huellas urbanas” de las ciudades es si las políticas de vivienda social contribuyen o atenúan a este fenómeno.  Es un tema es relevante en función de algunas experiencias recientes de países latinoamericanos, que tuvieron que revisar sus políticas nacionales de vivienda en razón de los efectos que estas estaban teniendo sobre un indeseable crecimiento desordenado de las ciudades.

La construcción de vivienda social en las afueras de las ciudades tiene efectos tanto urbanos como sociales y ambientales.  Las áreas expandidas implican mayores costos para los gobiernos locales, que tienen que extender sus redes de servicios públicos (colecta de basura, agua y saneamiento, servicios sociales) de forma poco eficiente. Implican costos de transporte mayores para sus residentes.  Y tienen un impacto ambiental importante, por consumir áreas verdes y de preservación ambiental, generando mayor cantidad de gases de efecto invernadero.

El argumento que usualmente se invoca para justificar la ubicación lejana de los centros de los desarrollos de vivienda social es que es más barato construir en la periferia que en las áreas urbanas centrales.

Para discutir este tema y analizar estudios de caso en distintos países, el Banco Interamericano de Desarrollo promovió un seminario sobre el costo “real” de la vivienda social. El seminario presentó las conclusiones de cuatros estudios de casos en Brasil, Colombia, Chile, y México, en los cuales fueron estudiados los costos públicos y privados de construir y vivir en complejos de vivienda social en áreas periféricas comparados con los localizados en áreas centrales.

En cada país fueron analizados los costos de implantación de desarrollos de vivienda social en el centro y en la periferia, considerando no solamente el costo de las viviendas propiamente dichas, sino también el de la infraestructura para atenderlas y el costo para las familias que implicaba residir en las distintas ubicaciones.

Las principales conclusiones del seminario son las siguientes:

• No hay evidencia de que la vivienda social central sea más costosa que las periféricas, si se consideran todos sus costos. Aunque el valor de la tierra sea mayor en las áreas centrales, el costo adicional de proveer infraestructura adecuada al desarrollo periférico compensa esta diferencia.
• Para los desarrolladores, la opción entre centro y periferia es indiferente, ya que trabajan con el agregado costo de la tierra+infraestructura+vivienda. El precio de la tierra es compensado el ahorro en infraestructura, y el de la vivienda es el mismo;
• Para las familias residentes en la periferia, vivir lejos del centro significa mayores tiempos y costos de viaje a sus locales de trabajo, además de la debilitación de sus vínculos comunitarios y familiares que les dan apoyo socioeconómico.
• Las políticas de vivienda social son establecidas usualmente por las instancias nacionales, que proveen su financiamiento.
• Las políticas nacionales se preocupan, fundamentalmente, con las metas cuantitativas de producción de vivienda. Tienen pocos instrumentos para influir en su localización.
• Las municipalidades pueden influenciar en la localización de viviendas sociales a través de sus planes urbanos. Sin embargo, esta capacidad es limitada y se ha revelado poco eficaz.
  

  Para las familias residentes en la periferia, vivir lejos del centro significa mayores tiempos y costos de viaje a sus locales de trabajo.

Existen en la región algunos programas nuevos para estimular los desarrollos en el centro, y prevenir el excesivo crecimiento de las huellas urbanas.  Son programas que establecen varias condiciones para el financiamiento de grandes desarrollo urbanos (como el caso de los Desarrollos Urbanos Integrales y Sostenibles –DUIS, en México) o que crean subsidios diferenciados para estimular la construcción en las áreas centrales.

Pero la principal conclusión del estudio es que solamente mediante una acción concertada entre los gobiernos nacionales (financiadores) y municipales (reguladores) de los programas de vivienda se logrará un efectivo control sobre el crecimiento excesivo sobre las huellas urbanas de las ciudades.